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Ineficiencia en la Distribución de la Energía Eléctrica
Por:
Ligia Melo
Una de las preocupaciones de las autoridades económicas durante los últimos años ha sido el tamaño del déficit fiscal del sector público, el cual en buena medida se explica por la expansión del gasto del gobierno nacional. En este contexto mejores niveles de eficiencia en la asignación y uso del gasto público se hace fundamental. Una mayor eficiencia en la prestación de los bienes y servicios públicos permitiría, por una parte, alcanzar con la misma cantidad de recursos un mejor desempeño y un aumento en la calidad y/o, por otra parte, dados los estándares de servicios públicos que se ofrecen, generar ahorros en el gasto público. Bajo estas circunstancias, un estudio sobre el desempeño de las empresas del sector eléctrico resulta interesante no solo por los costos fiscales asociados a los problemas de ineficiencia, sino por el beneficio social, en términos de menores tarifas y mejor calidad en la prestación del servicio, que se podrían obtener si las empresas operaran al nivel de la más eficiente. Teniendo en cuenta que el servicio de energía eléctrica, y en particular la actividad de distribución, sobre la cual se concentra este comentario, tiene características de monopolio natural. Las empresas que suministran este servicio pueden explotar dicho poder y fijar precios por encima de los costos mínimos o apropiarse de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas a la competencia. Para contrarrestar la explotación del poder monopólico, el suministro de este servicio tradicionalmente se ha hecho a través del sector público y más recientemente se ha permitido la participación del sector privado, con la regulación por parte del Estado, estableciendo incentivos para mejorar la eficiencia y la determinación de los precios (Carrington, et. al, 2002).
En el caso particular de Colombia, las reformas introducidas en el sector en la primera mitad de la década de los noventa permitieron que en el negocio de la distribución de energía participaran empresas públicas, privadas y mixtas [1] . La estimación y análisis de los niveles de eficiencia a los cuales están operando estas empresas permite establecer si las tarifas que se cobran a los usuarios finales son el resultado de una estructura de costos y producción eficiente o por el contrario involucran prácticas ineficientes. Adicionalmente, dado el debate que existe al interior del país sobre la importancia de un uso eficiente de los recursos públicos, este análisis podría identificar ineficiencias en el manejo de las empresas que distribuyen energía, cuyos correctivos podrían generar ahorros en el gasto público.
[1] Dentro de las normas introducidas se destacan el Decreto 700 de 1992, la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994) y la Ley de Servicios Públicos (Ley 142 de 1994).
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