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La política fiscal como uno de los pilares del crecimiento regional ha sido un resultado deseado, aunque al parecer distante. La provisión de bienes públicos para atender las demandas sociales y facilitar la actividad productiva es una condición necesaria para la integración de las localidades a los mercados. Es difícil imaginarse las últimas dos décadas de exportaciones de flores desde la Sabana de Bogotá, sin el aeropuerto de El Dorado construido medio siglo atrás. Desde luego que el crecimiento depende en últimas de la productividad de los factores, pero también se debe considerar que las políticas públicas también tienen su posibilidad y responsabilidad de brindar oportunidades de mayor crecimiento y bienestar.

En Colombia, desde los años 80 la descentralización ha buscado fortalecer la legitimidad del Estado y aumentar la eficiencia en la asignación de recursos. Pero hasta el momento, los resultados parecieran ser contrarios a lo esperado.

Con unas pocas excepciones, los recursos públicos no han apuntalado la competitividad de las regiones y críticos sectores de la geografía acusan una precaria presencia del Estado. Preciso en un momento donde la globalización introduce la creación de nuevas zonas económicas y culturales al interior de las naciones y cuando el crecimiento lo lideran las regiones y las ciudades. Tal como por ejemplo, ha acontecido con la región de Cataluña mucho mas integrada a la UE que el resto de España, y lo que ya está mostrando la Sabana de Bogotá y la zona del ALCA (Giddens, 1999).

En los trabajos que sobre economía regional han explorado la validez de la teoría del crecimiento y sus nexos con la política fiscal, los resultados no pueden ser más desoladores. Precisamente, en los años 90 cuando repuntó la polaridad regional, también aumentaron las disparidades regionales en las disponibilidades fiscales, los recursos de libre destinación se concentraron en el centro del país (la región más rica), y en términos per cápita las transferencias municipales no se dirigieron hacia las poblaciones con mayores NBI (Barón y Meisel, 2003).

Todo ello pareciera corresponder a que la descentralización fiscal y administrativa se hizo en Colombia pensando en regiones y localidades de pantalón corto, a cuales no se les debía conceder mayor autonomía para recaudar ingresos tributarios, ni para decidir en que gastárselos. La descentralización fiscal se hizo más pensado en la redistribución de ingresos nacionales y muy poco en acercar la función del Estado a lo local. .