Cada vez que hago de turista en Cartagena me impresiona el descuido frente al peatón que carece de andenes, semáforos y hasta de senderos en los nuevos puentes de la ciudad. En todo el país hay desigualdad social pero la de Cartagena es especialmente aguda, más aún cuando pretende atender al turista que en fin de cuentas termina siendo peatón.

Los avances de la ciudad amurallada se deben a donaciones del gobierno español y la ciudadela deportiva al 4% de IVA adicional que pagamos todos los ciudadanos por utilizar teléfonos celulares. La administración local no se ha preocupado por capturar mediante valorización  las plusvalías generadas por el gasto de otros en el bienestar de la ciudad o sea que han permitido la apropiación privada del beneficio de esas inversiones que podrían recuperarse e invertirse nuevamente en bien del interés común. 

Cuando hice de economista frente a los datos de la ciudad, Adolfo Meisel me ha acusado de bogota maniaco por no tener en cuenta que la mejor suerte de la capital se debe a un proceso de aguda concentración del desarrollo económico y sólo marginalmente a la mejor política que ha generado valores cívicos positivos como el de tributar más responsablemente.

Lo cierto es que los ingresos tributarios de Cartagena parten de una base escandalosamente baja, donde destaca la pereza del impuesto predial, para normalizarse un tanto hacia el año 2003.  En el 2005, el predial alcanzó $80.000 millones, una mejora frente a los 57.000 millones del año anterior, pero sin conexión a unos precios de la propiedad raíz que aumentan de manera exponencial año tras año.

En términos per cápita, en el año 2005 cada cartagenero pagó $216.000 en impuestos municipales, mientras que un residente en Bogotá pagó $368.000,  70% más, que como el mismo Meisel admite es menor que la diferencia entre los ingresos por habitante de cada ciudad. No sé cómo podrá hacer Meisel para probar que la facturación de industria y comercio de Bogotá es sustancialmente más alta que la de Cartagena, aunque le creo a su argumento que si exporta más recauda menos la ciudad. No conozco el dato para Cartagena, pero cada residente en Bogotá paga en promedio casi 2 millones de pesos en impuestos nacionales según la Contraloría distrital, 30% del total nacional contra 22% del PIB que genera la capital. 

Las transferencias que recibe Cartagena fueron 56% de sus ingresos en el 2003 y  60% en el año 2005 cuando alcanzaron $280.000. Mi mensaje fundamental es que una ciudad tan rica como Cartagena, que tiene industria pesada, puerto, turismo y una propiedad muy valorizada, debería tener unos ingresos tributarios propios no de 173.000 millones pesos sino de unos $300.000 millones, con los cuales atender mejor a sus ciudadanos y a sus visitantes. Cartagena no cuenta, por ejemplo, con un gran camellón a lo largo de su línea costera que podría ser un deleite para propios y extraños.

La desidia en el manejo de la cosa pública en Cartagena lleva al círculo vicioso de que los ciudadanos no pagan los impuestos que les corresponde porque aducen que se los roban o los despilfarran. Nadie me supo responder cuando pregunté que había pasado con el producto de las ventas de las empresas de servicios públicos de la ciudad, a diferencia de Bogotá que contó con unos muy visibles y cuantiosos recursos para invertir. Me contaron que las empresas habían sido canibalizadas por la clase política local y que hoy los servicios eran buenos pero muy caros. Al auditorio lo invadía el fatalismo de saber que las elecciones las ganan los barones electorales y las mafias, en fin, que cuenta poco el voto de opinión que podría revertir la situación. 

Me gustaría ver que los distintos investigadores del país calculen cuánto pone y cuánto recibe cada ciudad y cada región de la torta del recaudo nacional. Más importante quizás sería que cada ente territorial hiciera su máximo esfuerzo para resolver sus problemas y ser complementado por la nación con base en criterios de justicia distributiva.