>> W E B P O N D O ..:::::.__

Desde la Constitución de 1991 se han dado en el país una serie de cambios a nivel político, económico y social. El entorno económico internacional ha propiciado en los países latinoamericanos una transformación de sus modelos económicos, a lo que Colombia no ha sido ajena. La nueva Carta política es expresión de las nuevas orientaciones y cambios producidos en todos los órdenes de la vida social, incluyendo una serie de reformas que amplían los escenarios de participación política. El funcionamiento de la economía del país se enmarca en el principio de la libertad económica, pero al mismo tiempo, se ratifica explícitamente la dirección general de la economía a cargo del Estado, al que le cabe la responsabilidad de propender por el equilibrio social y del desarrollo económico.

La interrelación Derecho-Economía es tan compleja que podría acabar denominándose Derecho Económico todo el Derecho, pero en su mayoría los tratadistas consideran Derecho Económico sólo aquellas reglas que tienden a asegurar, en un momento y en una sociedad dada, el equilibrio entre el interés económico particular y el interés económico general.

Uno de los grandes choques que existe actualmente entre ambas ciencias a nivel político es el control constitucional de la economía. La Corte Constitucional Colombiana ha intervenido en la política económica del país con el argumento de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos. Mientras tanto, los economistas del país, intentan hacer entender a los magistrados que, aunque a corto plazo aparentemente estén mejorando el nivel de vida de algunos colombianos, a largo plazo las políticas económicas perderán eficiencia, efectividad y aplicabilidad, y por lo tanto, no podrán garantizar mejoras sostenibles relacionadas con los mismos derechos constitucionales que se pretenden salvaguardar. Los magistrados se defienden señalando que "la protección a los derechos no se puede hacer esperar hasta que las políticas macroeconómicas los garanticen cuando funcionen eficazmente dentro de 20 años".

Esta discusión se ha vuelto mas bien una polémica que ha dividido al país en dos: "la Corte y el gobierno, los economistas y los abogados, los neoliberales y los socialdemócratas, la izquierda y la derecha... hasta que la opinión termina creyendo que los problemas son, ciertamente, irremediables." Toda esta polémica deja en claro que se necesita un cuerpo técnico especializado que investigue las consecuencias de los fallos y proponga soluciones viables. Además, la Corte necesita escuchar a los expertos economistas del país para no cometer los errores del pasado y ser consistente con el cumplimiento de los derechos a largo plazo.

Debido a la importante repercusión económica de los fallos de la Corte, este ensayo pretende exponer el problema que se ha generado dentro de la organización del Estado colombiano. También, denunciar el choque de la economía y el derecho en la formulación y aplicación de políticas públicas y proponer algunas reformas para disminuir el impacto negativo que genera esta problemática en Colombia. Este tema es de suma importancia para el país, porque además de contextualizar a los economistas con la realidad, donde existe un marco jurídico que limita la aplicación de las soluciones dadas por teorías económicas, también saca a la luz algunas características de la formación de los abogados quienes generalmente aplican los principios constitucionales sin tener en cuenta una restricción presupuestal.